Según la Ley 30 de 1992, la educación superior en Colombia es un servicio público cultural e inherente a la finalidad social del Estado. Esta norma también especifica que los ingresos de las universidades nacionales, departamentales y municipales provienen del Presupuesto Nacional, los aportes de entes territoriales y las rentas generadas por cada institución.

En este sentido, el Gobierno Nacional asignó para el 2005 un total de 1,4 billones de pesos para el funcionamiento de las 31 universidades estatales y los 18 institutos técnicos o tecnológicos que dependen de la nación. Entre otros fines, estos recursos se destinan para el funcionamiento y desarrollo de la investigación.

Para conocer una visión directa sobre las instituciones públicas de educación superior, guiaacademica.com entrevistó a Adolfo Polo Solano, rector de la Universidad de Cundinamarca, una entidad oficial que tiene 19 programas, cerca de 9.000 alumnos y 750 profesores en ocho sedes. 

¿Cómo califica la educación pública en Colombia?

Adolfo Polo (A.P.): En los últimos años, el país ha hecho un esfuerzo frente a esta materia. Ya no solo es cuestión de plata sino de calidad al considerar la formación como una inversión y no como un gasto. En ese sentido, la situación actual es mejor que la de hace unos años, aunque todavía existen carencias porque para muchas personas con pocos recursos económicos el Estado es la única posibilidad de acceder a la universidad.

¿Cuáles son los principales aciertos y errores de la educación pública?

A.P.: Las principales fortalezas están relacionadas con el acceso masivo de la población y el creciente interés por alcanzar altos estándares de calidad. Considero que en Colombia la universidad pública se ha posicionado con seriedad, tradición, mejoramiento y búsqueda de la excelencia académica.

Claro que existen problemas porque las instituciones educativas oficiales crecen a un ritmo mucho más lento que las necesidades de la sociedad y, por eso, no siempre pueden dar respuestas a los problemas del país.

Una gran debilidad de la educación estatal es que debe competir con la privada bajo unos regímenes distintos. Por ejemplo si queremos acceder a la última tecnología hay que abrir licitaciones, hacer cotizaciones y surtir un proceso lento, así que cuando vamos a comprar el equipo ya es obsoleto.

Por otro lado, la universidad no puede ser vista como cualquier otra institución pública, necesita más autonomía y agilidad para estar en capacidad de competir con el sector privado. Si nos ponen una camisa de fuerza en el manejo de recursos y a los demás les sueltan las manos, no estamos en igualdad de condiciones.

Este caso también se presenta con los profesores que hemos formado durante toda la vida, pero por ser funcionarios del Estado los tenemos que jubilar a los 65 años y son contratados por las universidades privadas cuando están en plena producción académica e intelectual.

¿Cómo los han afectado estos problemas?

A.P.: En nuestro caso específico exigimos un trato igual con respecto a las otras universidades públicas que reciben al año por lo menos un millón de pesos por estudiante y  nosotros solo $500 mil.

Algunos sectores del Gobierno nos critican, pero si no hay suficientes recursos no nos pueden pedir la misma calidad que a las demás instituciones de educación superior del Estado. También se debe tener en cuenta que en algunas zonas la Universidad de Cundinamarca es la única alternativa y por lo tanto debemos mejorarla.

Evaluación del sector académico

¿Qué retos afronta la educación superior?

A.P.: Creo que es necesario revisar la legislación para hacerla más moderna. La primera Ley de Educación Superior se expidió en 1980, después se modificó en 1993 y a hoy ya han pasado 12 años sin cambios considerables. En síntesis estamos dentro de un marco jurídico que no nos da la posibilidad de avanzar y esa es una de las preocupaciones que las universidades deben enfrentar en los próximos años.

Por otro lado también hay que flexibilizar los currículos y estoy de acuerdo en la necesidad de reducir el tiempo de las carreras profesionales, porque los colombianos somos de los pocos que hacemos un pregrado en diez semestres, internacionalmente tarda de tres a cuatro años. En el país se pierde mucho tiempo al trabajar 32 de las 52 semanas que tiene el año. Es decir que durante los cinco años de estudio hemos desperdiciado 100 semanas.

¿Cuál es la verdadera función de las instituciones educativas?

A.P.: Exigirles a las universidades colombianas dar respuesta a problemas como el desempleo es un sofisma porque la academia debe ser un centro para desarrollar el pensamiento, un punto de reflexión y no solo dedicarse a preparar mano de obra para la industria. Si nos centramos solo en ser la respuesta a la desocupación del país no tenemos futuro en una sociedad como esta. Además generar más plazas de trabajo implica romper un paradigma: dejar de formar empelados para empezar a promover empresarios. 

Redacción guiaacademica.com